La justicia “secuestrada” por la política tradicional

Epígrafe: El Estatuto de Roma interviene cuando la justicia interna no quiere o no puede investigar y castigar los delitos.

El Frente Nacional se hizo por los jefes liberales y conservadores para repartirse los puestos y el presupuesto. Y adueñarse de la justicia hasta hacerla inoperante, al punto de haber logrado el 99% de impunidad. El reparto fue así: un juez liberal, un juez conservador, un magistrado liberal, un magistrado conservador.

El reparto de la justicia tenía como objetivo lograr la impunidad por los crímenes de Estado, como el paramilitarismo, de los cuales son responsables los altos dignatarios del Estado, que ahora pretenden pasar inadvertidos. Los blancos de tales delitos son los líderes sociales y por eso sus muertes no se investigan. Las indagaciones se inician formalmente con una noticia criminis y pronto finalizan con un auto de archívese. O se “engavetan” sin resultado alguno porque el juez está “amarrado” por la dependencia o por temor o por la afinidad ideológica con el investigado, o porque está amenazado… Inclusive, ya se publicitan compromisos económicos de los jueces.  Alrededor de la rama judicial se ha creado una “alambrada de garantías hostiles” para impedir que funcione respecto de personajes notables, aquellos que predican de sí mismos que son “gente de bien”. Esos que proclaman sin pudor: “los buenos somos más”.

Hay antecedentes que pueden ayudar a explicar las causas de la postración de nuestro organismo judicial.

En el régimen de la Regeneración conservadora de Núñez y Caro, se expidió la ley 61 de 1888, que dotó al presidente de facultades legislativas, ejecutivas y judiciales en asuntos de policía y orden público. Estas competencias lo convirtieron en un verdadero dictador. El poder judicial fue relegado. Contra ese régimen oprobioso se pronunció en el parlamento Uribe Uribe con siete discursos en contra las facultades omnímodas. Su contenido es una buena lección de derecho constitucional. La “justicia” así concebida se proyectó hacia adelante y se inutilizó para actuar en defensa del Estado de derecho.

Desde 1946 se desató una violencia indiscriminada, que a raíz de lo ocurrido el 9 de abril se recrudeció con el sistema del pájaro, ideado para aterrorizar a la población civil. Algo muy parecido a lo que hoy sucede con las muertes de los líderes sociales, con la diferencia de que se trata de eliminar preferentemente los reclamantes de tierra.

Fue en la segunda presidencia del Frente Nacional cuando nació la doctrina de la seguridad nacional para prevenir el surgimiento de guerrillas que replicaran la experiencia cubana. A pesar de semejante teoría que no quieren abandonar los gobernantes, surgieron entonces grupos armados, transformándose la violencia partidista en una verdadera resistencia a la lucha de clases impuesta desde el poder a los trabajadores del campo y la ciudad, los propietarios medios y pequeños y la inteligencia democrática. Y a la industria productiva, principalmente del campo, en beneficio de la oligarquía financiera y de los terratenientes.

Durante el FN el orden público fue atendido por el Ministerio de Guerra. En este período el gobierno se sostuvo por la fuerza de las armas mediante el uso permanente del estado de sitio y los estatutos de seguridad. Y el juzgamiento de los civiles acusados por delitos políticos se hizo en consejos verbales de guerra en los que los jefes militares fungían como jueces, confundiendo la función del guerrero con la función del juzgador. Un verdadero acto de tiranía.

En el año 1984 la guerrilla más importante por su antigüedad y tamaño logró un acuerdo de paz con el presidente Belisario Betancur, que dio origen a la Unión Patriótica, UP, partido político que fue diezmado en un genocidio de más  de cinco mil de sus militantes. La justicia operó y las víctimas acudieron a la justicia internacional.

En aquella misma década, el M-19 cometió el gravísimo error de tomarse el Palacio de Justicia donde sucumbió una corte cuyos magistrados tenían una actitud crítica frente a la doctrina del enemigo interno.  Olvidaron que a los partidos tradicionales −y a la Fuerza pública de entonces− no les interesa una justicia independiente y autónoma, la que precisamente encarnaban el Dr. Alfonso Reyes Echandía y Manuel Gaona Cruz, quienes habían “tumbado” las constituyentes antidemocráticas de López Michelsen y Turbay Ayala.  Por otra parte, esa corte investigaba conductas de militares por violación de los derechos humanos y quizás por esto la retoma del Palacio de Justicia no contó con la defensa activa del poder civil, sino con un presidente complaciente con un golpe de estado y sordo a los llamados de Reyes Echandía, mientras una ministra ordenaba la transmisión de un partido de fútbol para ocultarle a la nación las diabluras de los militares y la consunción de los cuerpos sagrados de los magistrados. Era el 6-7 de noviembre de 1985.        

Pero el movimiento opositor al régimen crecía… crecía… crecía… De allí que por una inesperada decisión de la misma corte surgida de sus cenizas, el presidente Gaviria Trujillo se vio obligado a convocar la asamblea nacional constituyente de 1991. Pero una vez más los partidos tradicionales se apoderaron de la rama judicial y engolosinaron a sus altos dignatarios con facultades o competencias electorales que la condujeron a comportarse, no como un ente político independiente y autónomo, dedicado a consolidar el Estado social de derecho, sino como un grupo de politiqueros, que medran ante el Ejecutivo.

De alguna manera, lo anterior explica por qué la justicia es humillada por los políticos, perseguida, desconocida y espiada por el poder ejecutivo; por qué razón no tenemos una justicia independiente y autónoma; por qué la justicia no es funcional al Estado de derecho y mucho menos tiene apetencias para hacer de contrapeso de los otros órganos del Estado cuando violan la constitución y mancillan la dignidad humana.

Por suerte para la democracia y el Estado de derecho, la justicia colombiana tiene la vigilancia y el apoyo de la comunidad de naciones. Por eso no es fácil eludir responsabilidades. Y si no quiere o no puede funcionar, o se le impide funcionar, los presuntos delincuentes saben que los espera la Corte Penal Internacional. Entonces… ¡A recular!