Columnista de Gotas de tinta.
La Fiscalía, propiedad de los cacaos
“Hemos acogido en la ponencia la tesis de adscribir la Fiscalía a la Rama Judicial para evitar una guerra civil en el país”, dijo el delegatario Carlos Daniel Abello Roca, ponente del estatuto de la Fiscalía designado por la Comisión Cuarta de la Constituyente de 1991.
Y no era para menos, si se tiene en cuenta que en manos del Ejecutivo, ese organismo corre el peligro de convertirse en un antro de opresión, peor que el DAS de Uribe Vélez, pero elevado a una potencia cien veces más tenebrosa.
No podemos olvidar que el Ejecutivo colombiano gobernó más de 50 años con estado de sitio, estatutos de seguridad, testigos sin rostro, legislación de orden público, guerra sucia… y que por decreto legislativo creó las CONVIVIR, caballo de Troya del paramilitarismo. Por esa razón los delegatarios con convicciones democráticas vieron el peligro de poner en manos del Presidente semejante institución y más bien lo dejaron vinculado a la rama judicial, que al menos tenía tradición de respeto al debido proceso.
Los delegados del Gobierno y la derecha buscaron doblegar la resistencia de la asamblea para que, si no era posible una Fiscalía sujeta al Presidente, tuviera al menos el mismo período, lo que tampoco lograron los sectores retardatarios. Ni dependiente del Presidente, ni con el mismo período. Quedó como parte de la Rama Judicial.
Ahora, por un rodeo de la historia que convirtió a la rama judicial en un poder con los mismos vicios de los politiqueros, se nombra al abogado de los monopolios, de los cacaos que influyen y determinan la legislación y, al parecer, la jurisprudencia.
Hitler nombrado por los monopolios recién asomados a la historia a través de los agentes de la clase media, son un indicativo ejemplo de lo que puede suceder en el país: La Fiscalía convertida en un tenebroso organismo peor que el liquidado DAS, con otro nombre, como si el remedio a la infidelidad fuera el cambio del sofá.
Ni la Fiscalía debe depender del Ejecutivo, ni el Instituto de Medicina Legal debe depender de la Fiscalía. Deben ser órganos autónomos e independientes. De lo contrario, no habrá justicia.